En las últimas horas, un intendente bonaerense hizo pública su queja por el fuerte incremento que recibió su comuna en la última factura de luz, con un aumento de casi el 400% respecto al período anterior: se trata de Fernando Gray, intendente peronista del municipio de Esteban Echeverría.

El jefe comunal difundió a través de sus redes sociales las últimas dos facturas que el municipio recibió por parte de la empresa Edesur por el consumo de luz: mientras que para el período que va del 16 de enero al 15 de febrero el monto a pagar fue de $71.882.479,45, el correspondiente al ciclo que va desde el 16 de febrero al 15 de marzo trepó a los $271.114.175,02, lo que representa un aumento del 382% en un mes.

Gray, quien representa al sector del PJ bonaerense que desafía la conducción de Máximo Kirchner, anunció que presentó un reclamo ante la empresa y también ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por la suba en ese servicio público. A través de un comunicado, explicó que “en la factura de alumbrado público se incluyen las luminarias ubicadas en calles y avenidas de las cinco localidades del distrito. No están contemplados los consumos de energía del Hospital Municipal Santamarina, consultorios externos, unidades sanitarias, edificio municipal y demás dependencias de la comuna”.

Además, el intendente adelantó que acudirán “a todas las instancias necesarias para defender los derechos de nuestro municipio y de las vecinas y los vecinos”.

“Cabe destacar que el Municipio lleva adelante un plan de reconversión de luminarias con el objetivo de promover el ahorro energético y el cuidado ambiental, ya que, en comparación con las lámparas de sodio, los equipos LED encienden inmediatamente y cuentan con mayor luminosidad y menor consumo; también requieren menor mantenimiento, tienen mayor vida útil y no contienen contaminantes. Por otro lado, la potencia de estos artefactos permite mayor alcance y mejor definición para la imagen de las cámaras y los domos de videovigilancia municipales ubicados en la vía pública”, añadió el jefe comunal a través de un comunicado.

En el marco del plan de ajuste y de la búsqueda del déficit cero, el Gobierno nacional aplicó un fuerte recorte de subsidios a los servicios públicos, lo que implicó un fuerte aumento en las tarifas que comenzaron a distribuirse en marzo, que además contempla un incremento en el costo propiamente dicho de los servicios.

En el caso de los usuarios residenciales, los aumentos en el servicio eléctrico estarán en torno al 185%, aunque existe una gran dispersión que podría llevar las subas al 300% para algunos hogares según su nivel de consumo.

Por si fuera poco, los usuarios residenciales calificados como de altos ingresos, comercios, industrias, edificios públicos y universidades, entre otros, podrían recibir en breve un nuevo aumento en sus boletas de luz que se sumará al que se aplicó en febrero. Así, ese grupo pagará 100% más solo por el concepto del costo de la electricidad en sus facturas finales para el trimestre mayo-julio. El traslado a los segmentos de medios y bajos ingresos podría ser un golpe fuerte para los bolsillos pero no hacerlo implica un gasto mayor en subsidios que atentará contra la meta de equilibrio fiscal del Gobierno.

Así se desprende de la última programación estacional provisoria para el costo de la energía que publicó el viernes la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista Eléctrico (Cammesa) para el período mayo-julio de 2024. Allí suele realizarse la proyección del costo de todo el sistema eléctrico nacional que compran las distribuidoras y grandes usuarios de la Argentina.

De todas formas, esta programación no implica un impacto automático en las facturas, ya que es la Secretaría de Energía de Eduardo Rodríguez Chirillo la que deberá definir cuánto es lo que pagará la demanda sobre ese costo. Este ítem representa cerca del 40% de las boletas finales de luz, mientras que se suman los de transporte, distribución e impuestos.

En su momento, Gray había presentado un amparo contra el Estado Nacional para que se disponga la inconstitucionalidad del DNU 70/23 en el punto en el que se faculta a la Secretaría de Energía para definir el nuevo esquema de subsidios. No solo reclamó la suspensión de las audiencias, sino también la inconstitucionalidad de la ley de medidas cautelares.